18 de abril de 2024
Fiscal General Merrick Garland
Departamento de Justicia de EE.UU.
950 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20530-0001
Estimado Abogado, General Garland:
Me dirijo a ustedes hoy como Presidente de la Asociación de Abogados Puertorriqueños en Nueva York (PRBA NY), una organización comprometida con el fomento de la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de la profesión legal y la defensa de los intereses de nuestra comunidad latina, y del Estado de Nueva York en su conjunto.
Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la continua dependencia del Departamento de Justicia de los Casos Insulares y el marco colonial que estas decisiones establecieron. La lógica subyacente de la doctrina de la incorporación territorial se basaba en la insidiosa creencia de que las personas que residían en los territorios eran racial y culturalmente inferiores a los blancos anglosajones y, por lo tanto, no aptos para el autogobierno.1 La lógica racista de esta doctrina es profundamente incompatible con los principios constitucionales y democráticos más básicos de nuestra nación y, como tal, debe ser rechazada inequívocamente por el Departamento de Justicia.
En un reciente informe legal, el Departamento volvió a tratar los Casos Insulares, esta vez en el contexto de la defensa de la constitucionalidad de PROMESA, que ha sido criticada por socavar el gobierno democrático de Puerto Rico. El Departamento reconoció la naturaleza problemática de los Casos Insulares, afirmando que ciertos elementos de estos casos, particularmente aquellos que invocan estereotipos racistas, son "indefendibles y repugnantes "2. Sin embargo, también señaló que el caso actual no servía como plataforma para abordar plenamente los Casos Insulares.
Tales declaraciones, si bien reconocen la naturaleza insidiosa de estas decisiones, no van lo suficientemente lejos en la denuncia de los Casos Insulares en su totalidad. El Departamento debería ir más allá, como hizo en 2011 cuando condenó la infame decisión del Tribunal Supremo en el caso Korematsu contra Estados Unidos.3 El Departamento de Justicia debería seguir el ejemplo de los jueces Sotomayor y Gorsuch y rechazar expresamente los casos insulares y la lógica racista de la doctrina de la incorporación territorial.
El trato arbitrario y desigual de los residentes en los territorios de EE.UU. no es sólo una reliquia del pasado - es un legado continuo que sigue afectando al pueblo de Puerto Rico hoy en día a través de muchas políticas y programas federales. Esta disparidad es evidente en programas como la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), por el que los beneficiarios que residen en los estados y el Distrito de Columbia tienen derecho a una prestación mensual media de $574. Por el contrario, las prestaciones alternativas a las que tienen derecho los residentes en Puerto Rico apenas llegan a $82 al mes. Esta diferencia sustancial pone de manifiesto la desigualdad y subraya la urgente necesidad de mejorar la calidad de vida de los 3,2 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico.
El presidente Biden ha abordado la continua discriminación contra los estadounidenses en los territorios de EE.UU., declarando que "no puede haber ciudadanos de segunda clase en los Estados Unidos de América" y que deben tener "la oportunidad de determinar su propio futuro político".5 Pero a los casi 4 millones de residentes de Puerto Rico y otros territorios de EE.UU. se les seguirá negando la democracia mientras los Casos Insulares definan su relación con Estados Unidos. El Departamento de Justicia tiene la oportunidad de reparar este error histórico rechazando inequívocamente la doctrina discriminatoria y racista de la incorporación territorial establecida por los Casos Insulares.
Gracias por su atención a este asunto. Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Respetuosamente,
Jason Canales, Esq.
67º Presidente de la
Colegio de Abogados de Puerto Rico
Cc:
Tom Perez, Director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca
Elizabeth Prelogar, Procuradora General de los Estados Unidos
Benjamin C. Mizer, Fiscal General Adjunto en funciones
Kristen Clarke, Fiscal General Adjunta de Derechos Civiles
1. Véase Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901); De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1, *219 (1901).
2. Memorandum of Law of the United States in Support of the Constitutionality of PROMESA at 16, In Re Fin. Oversight & Mgmt. Bd. For P.R., Case No. 17 BK 4780-LTS (Bankr. D. PR 13 de marzo de 2024) (énfasis añadido).
3. Declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina del Procurador General, Confesión de error: The Solicitor General's Mistakes During the Japanese-American Internment Cases (20 de mayo de 2011).
4. United States v. Vaello Madero, 142 S. Ct. 1539, 1560 n.4 (Sotomayor, J., disidente); id. at 1552, 1557 (Gosuch, J. concurring).
5. Statement by the Executive Office of the President, Office of Management and Budget, on H.R. 8393, the Puerto Rico Status Act (15 de diciembre de 2022).